Desde la creación de las garantías sociales en la
década de los 40, impulsadas por el Dr. Calderón Guardía, Costa Rica ha
mantenido un régimen de salud centralizado en lo que conocemos como el Seguro
Social.
La gran cuestionante para los costarricenses es si
este "beneficio" social ha sido manejado de la mejor manera, y si esos
beneficios han sido para la ciudadanía en cuestión o simplemente para el
bolsillo de algunos pocos.
Desde hace años existe desazón popular por la forma
en que se conducen nuestras instituciones públicas. La ineficiencia que vemos
cada día en la Caja Costarricense de Seguro Social, enciende la alarma entre el
descontento de la población.
Lo anterior
aunado a los escándalos de corrupción, y desfinanciamiento de esta institución,
merecen una rectificación inmediata de su rumbo político. Y qué más claro que
el hecho de la larga espera de años para poder acceder a una cita médica o a una
intervención quirúrgica. Así lo dejó ver el correspondiente corte que hizo al
mes de junio de este 2012 la Unidad Técnica de Listas de Espera (UTLE) de la
Caja, coordinado por personeros de esta misma institución, en el que
informaron que más de 650000 pacientes deben esperar más de 5 años para su
respectiva cita.
Agregado
a esto, cabe rescatar que a la hora de conseguir una cita en cualquiera de los
departamentos de los hospitales de nuestro país, es imposible cambiarla de
fecha, por ningún motivo. Tampoco tenemos derecho a una segunda valoración, es
decir, si la cita es con un médico que ya nos ha examinado anteriormente y no
fue de nuestra aceptación, "salados" porque ningún otro médico podra valorarnos
más. O claro podríamos hacerlo pero nuestra cita sería impuesta para uno o dos
años después de lo acordado, eso si tenemos suerte.
Otro
de los factores que inciden en la pérdida de creedibilidad, es precisamente las
condenas penales y civiles que recayeron en altos jerarcas de la Caja, por
hechos de corrupción, y que requieren de un profundo exámen de alto a este
flagelo que desgasta el régimen de instituciones públicas en Costa Rica.
Ante
esta situación, debemos exigir los valores elementales de probidad, eficiencia,
transparencia y creedibilidad en el quehacer de la función pública, sobre todo
en lo que a salud se refiere. Este reto ineludible y será básico en la
prosecución de un Estado acorde a la altura de los tiempos; nosotros ponemos el
recurso económico, que ellos velen por nuestra salud y no por el dinero de una
vez por todas.
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